Instalar rastreadores GPS sin permiso para obtener el paradero de una persona es un acto ilegal que vulnera la información personal de los ciudadanos.
La información sobre el paradero de los ciudadanos está estrictamente protegida por la ley. La obtención, venta o uso ilegal de dicha información puede constituir un delito y fácilmente generar delitos posteriores.
Algunos rastreadores GPS han sido modificados para incluir micrófonos y otras funciones, convirtiéndolos en dispositivos de escucha y cayendo en un punto ciego regulatorio legal. Se sospecha que su producción, venta y uso son ilegales.
Los casos relacionados presentan características de ser-encadenados y encubiertos. Industrias como el alquiler de vehículos y los préstamos financieros tienen prohibido utilizar dispositivos de seguimiento instalados ilegalmente para el control de riesgos o el cobro de deudas.